Si bien el problema de lxs trabajadorxs de la educación es de larga data y ya son históricas sus luchas por alcanzar salarios dignos, mejores condiciones laborales, mayor presupuesto educativo y mejoras edilicias, lo cierto es que la pandemia incrementó notablemente las necesidades lxs docentes mendocinxs y agravar las ya existentes.
La unidad de lxs laburantes es la única manera de hacer frente a este panorama: el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE) convocó a dos caravanazos como medio de protesta. Las manifestaciones se realizaron el martes y el miércoles y fueron decididas a través de plenarios departamentales y provinciales que se realizaron en forma virtual. Participaron más de mil escuelas.
Noemí es docente y parte de la conducción sindical. En diálogo con Feminacida, manifestó que la idea es aunar fuerzas con el resto de lxs trabajadores provinciales. A esto debe sumarse que desde el gobierno provincial, lejos de propender a atender los reclamos y solucionarlos en el ámbito paritario, el gobernador Rodolfo Suarez ha decidido continuar la política de su antecesor Alfredo Cornejo, hoy presidente del Comité de la Unión Cívica Radical. Hoy les docentes están bajo la línea de la pobreza y son condenadxs ante cualquier intento de respuesta popular.
Reformar la ley de educación en medio de la crisis sanitaria
Haciendo caso omiso a las enormes necesidades del sector, el gobierno provincial decidió embarcarse en la reforma de la Ley de Educación provincial y presentó un proyecto inconsulto a lxs docentes ante la Legislatura. “Más que proyecto de educación es un proyecto de flexibilización laboral. Hace hincapié en municipalizar las escuelas artísticas y los centros de capacitación para el trabajo, precarizando a lxs trabajadores y dejándolos por fuera de las leyes especiales que contemplan los derechos de este colectivo, como por ejemplo el régimen de licencias y el acceso a la estabilidad en el empleo”, explicó a este medio Sonia, docente mendocina con más de 20 años de antigüedad. Según la trabajadora, también se pretende someter a la nueva ley el Estatuto, norma que prevé el proceso de jerarquización democrática de la carrera docente.
El rechazo a la modificación de la ley en un contexto de crisis y excepción fue unánime. En los plenarios se resolvió llevar adelante las protestas que luego convocaron a miles de mendocinxs a las calles. Una enorme cantidad de personas se manifestó en autos, bicis y motos para hacerle saber al ejecutivo que no están dispuestas a permitir la reforma en pandemia. Las columnas de automóviles llegaron desde todos los rincones de la provincia, incluso alta montaña, para hacerse oír. La proclama principal de los caravanazos fue el rotundo no al proyecto de reforma pero también se alzaron los reclamos históricos del sector.
Bajo la línea de pobreza
“Hoy, más que nunca, un enorme gracias a las maestras y maestros de Mendoza. Al amor, la dedicación y el esfuerzo, no hay pandemia que lo frene. ¡Feliz día!”. Con esas palabras el gobernador de la provincia “reconocía” la quijotesca tarea de lxs docentes mendocinxs el pasado 11 de septiembre. El punto es que el amor no se come, la dedicación no paga cuentas y el esfuerzo no suple la falta de recursos.
Según el Informe de los salarios de lxs trabajadores de la educación Mendoza, Argentina. Agosto 2020 realizado por el Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC), “para que una maestra con 10 años de antigüedad se sitúe por encima de la línea de pobreza debería percibir un aumento salarial del 39 por ciento, mientras que el salario de lxs celadorxs debería crecer en un 86 por ciento”.
A estas conclusiones arribaron lxs investigadorxs en razón de comparar los sueldos docentes, según la escala salarial dispuesta por la paritaria 2019 vigente por no haberse realizado el acuerdo paritario de este año, con el valor de la canasta básica total publicada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia. Si a los 39.889 pesos de la canasta básica se le suma un alquiler estimado de 15 mil pesos, una persona necesitaría aproximadamente 54 mil pesos para superar la línea pobreza. El sueldo de unx docente con un cargo de maestrx de grado con 10 años de antigüedad en el mes de agosto fue de 28.600 pesos.
La caída bajo la línea de pobreza no debe relacionarse con la situación de pandemia sino con la política desplegada por el gobierno de la provincia tanto por el actual gobernador como por su predecesor de idéntico signo político. Durante el gobierno de Alfredo Cornejo no se cerraron acuerdos paritarios con el sector docente en los tres primeros años de su gestión: el aumento fue decretado unilateralmente. Según el CIEC, en comparación con la inflación lxs docentes perdieron durante ese período alrededor de un 15 por ciento. Este año no sólo no se celebraron paritarias sino que tampoco se dispuso aumento alguno para este colectivo de trabajadores, lo que genera una pérdida salarial acumulada frente a la inflación de entre el 32 y 42 por ciento según los diferentes cargos. Además, lxs docentes todavía no cobraron el medio aguinaldo.
A toda esta situación se suma que en el 2016 se dispuso en la provincia un mecanismo de presión sobre el sector denominado “ítem aula”. Consta del pago de un monto no remunerativo en concepto de presentismo que se descuenta cuando unx docente se ausenta, aún por razones de salud, durante tres días en el mes. El decreto original tuvo que ser modificado en su momento porque ni siquiera contemplaba que les fuera pagado a lxs docentes en cambio de funciones por recalificaciones laborales, ni a lxs pacientes oncológicos. Actualmente se les está descontando a lxs contagiadxs de Covid-19.
El atentado contra las normas sanitarias
En consonancia con la normativa nacional y ante la situación de la emergencia sanitaria, en marzo se dictó el decreto de suspensión de clases presenciales pero, en contradicción con aquella disposición que no incluye a lxs trabajadores de la educación dentro de las actividades esenciales, el decreto dispuso que lxs educadores deberían seguir prestando servicios en forma remota desde sus hogares o “bien en forma presencial desde el establecimiento”.
La letra de la disposición dio pie a que en abril el director de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas dictara un memo titulado “Celadores exceptuados del Decreto 297/2020 P.E.N Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”. A pesar de no tener competencias para modificar una resolución dictada por el Presidente de la Nación, dispuso que lxs celadores de las escuelas quedaran fuera del ASPO para asistir a los establecimientos escolares a prestar servicios. A su vez, ordenó que sean lxs directivxs quienes se encarguen de hacer cumplir el memo lo cual implica, consecuentemente, una situación de enfrentamiento entre trabajadorxs.
En la misma línea, fue el Director General de Escuelas que mediante las resoluciones N° 1813/20 para el nivel primario y N° 1816/20 para secundario, dispuso la implementación de un plan que implica apoyo escolar “no solo en la virtualidad sino contemplando recorridos por hogares, asistencia a las escuelas para la entrega y devolución de materiales y/o acompañamiento escolar”.
Estas “Medidas Educativas Excepcionales” resultan ilegales porque implican modificaciones en las condiciones de trabajo sin el consentimiento de lxs trabajadores, sin la participación del sindicato que les representa e infringiendo el Decreto 1386/93, en su Acuerdo 05. En segundo lugar, dichas posibilidades no se encuentran incluidas en las actividades esenciales exceptuadas por DNU 297/20 y sus prórrogas y constituye una violación de la Resolución 364/20 del Consejo Federal de Educación (CFE), cuyo protocolo exige en el artículo 3 que cualquier forma de retorno presencial a las escuelas debe ser presentada como plan específico al Ministerio de Educación de la Nación para su aprobación.
A pesar de la ilegitimidad de toda la normativa citada, lxs docentes de las escuelas mendocinas reciben apercibimientos, descuentos y sanciones para aquellxs que no la cumplan.
La lucha como acción y la represión como respuesta
El actual gobierno provincial también continúa en la misma línea que el anterior respecto al destrato a les trabajadores. La criminalización de la protesta social como respuesta sistemática ante cualquier reclamo es moneda corriente.
En 2018, tras el intento de la infantería de desalojar un plenario pacífico que se realizó en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, una fiscal provincial notificó la imputación penal por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra” a tres miembros del secretariado mendocino del sindicato docente. Un dato anecdótico resulta que las pruebas en las que pretende basarse la acusación de uno de ellxs son fotografías extraídas del Facebook personal del trabajador. La causa aún sigue en curso e incluso Adolfo Pérez Esquivel, en una visita a Mendoza, se expresó sobre el tema y se solidarizó con lxs tres imputadxs.
La historia se repitió en septiembre de 2019, aunque esta vez fueron once las personas a las cuales pretendieron imputar. Ese día se realizó una movilización contra el hambre en los barrios que golpea en las escuelas y contra la persecución política y sindical. Durante algunos minutos se cortó el tránsito en el nudo vial de accesos a la ciudad capital y se marchó a la Casa de Gobierno. Mientras el secretario general del gremio ingresó junto con una pequeña comisión a entregar un petitorio, agentes de la policía se acercaron a pedirle a algunos manifestantes sus documentos de identidad. En base a los datos registrados por los policías y los consignados en el ingreso a Casa de Gobierno, la fiscalía quiso imputar a lxs manifestantes por la obstrucción del tránsito. El caso hoy se encuentra ante la Suprema Corte de la Provincia, la cual debe resolver sobre un pedido de nulidad al avoque interpuesto por la defensa de les trabajadores, según comentó a este medio el representante legal de lxs afectadxs.
En diciembre del mismo año se produjo el cambio de autoridades provinciales, pero las prácticas no mutaron. El flamante gobernador, antes intendente de la Ciudad, protagonizó una represión provincial con agentes infiltrados, gases lacrimógenos y más de 45 detenidxs a tan sólo 15 días de su asunción en el marco de la movilización masiva por la lucha en defensa de la ley que protege el agua y contra la megaminería contaminante.
La pandemia no fue óbice para la represión. El pasado 5 de julio la policía de Mendoza desplegó un enorme operativo sobre trabajadorxs municipales de la ciudad quienes, con estricto apego a las normas de distanciamiento e higiene, se habían encadenado en la peatonal. En total, 46 trabajadorxs fueron golpeadxs y detenidxs. Entre ellxs se encontraban los Secretarios Generales de dos de los gremios más importantes: Sebastián Henríquez (SUTE)) y Roberto Macho (ATE Mendoza). Los oficiales actuaron sin orden judicial, rodearon el acampe y agredieron y arrastraron hasta los móviles a lxs manifestantes.
